La justicia provincial allanó la Municipalidad de Perugorría 
Una comitiva del Juzgado de Curuzú Cuatiá realizó una inspección de los lugares donde deberían estar las construcciones. Los resultados de las actuaciones integrarán la causa en la que la intendenta está imputada.
La justicia provincial allanó ayer el edificio municipal de Perugorría en busca de documentación respecto de la causa que investiga el manejo irregular de fondos y las obras inconclusas e inexistentes que fueron cobradas.
El propio juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, estuvo en la pequeña localidad para hacer una inspección ocular de los lugares donde deberían estar estas construcciones que datan en el expediente de la causa que el magistrado lleva adelante.
Hacia las 10, la ciudad salió de su paz habitual cuando el juez desembarcó en el lugar una dotación de policías que oficiaron como auxiliar de la Justicia en las actuaciones que instruyó el juez.
El primer lugar al que se dirigieron fue a la casa de la intendenta Angelina Lesieux para que está le indique las obras que según los expedientes de obra, estaban terminadas o con un avance de realización del 80%. Lesieux se habría negado a acompañarlos y deslindó esa tarea en su pareja, exintendente y actual concejal de la ciudad, el liberal K Jorge Corona.
El magistrado habría podido ver con sus propios ojos que lo que data en la documentación respecto de la construcción de 40 viviendas sociales, una ciclovía, un puente peatonal y las mejoras en el balneario están en la nada.
Luego esta comitiva judicial se dirigió al edificio municipal en busca de más pruebas, y se allanaron oficinas que allí funcionan.
Estas acciones están en el marco de la causa que inició la Oficina Anticorrupción de la Nación a cargo de la referente macrista Laura Alonso, donde se investigan las triangulaciones que se habrían realizado con las cooperativas que debían realizar las obras que la Nación había dispuesto para la pequeña localidad del sur provincial.
En tanto, que busca ahondar en cual fue el destino y el movimiento de fondos que tuvieron las cuentas de la comuna.
La intendenta Angelina Lesieux tiene una situación altamente complicada tanto en lo judicial como en lo institucional, ya que experimenta una feroz crisis financiera que la llevó a retrasarse en el pago de los salarios de los empleados municipales, como también librar cheques diferidos para los proveedores de la comuna.
En medio de estas irregularidades envió el proyecto de presupuesto 2017, donde dibuja los montos que necesita sin justificar demasiado porque pide incrementos de partida. Por ejemplo, solicita autorización para un crédito de 3 millones de pesos, sin especificar cómo y para que se utilizarán.
Asimismo, también pidió el incremento en su dieta y en el de la viceintendente, en el orden del 88%, es decir que pretende casi doblarse el salario.
Obviamente, los concejales decidieron no aprobar este prototipo hasta que no presente los balances correspondientes para conocer a ciencia cierta cómo se administran los dineros públicos de los perugorrienses.
En el proyecto también se hace un pedido para incrementar la partida para los salarios en un 300%, hecho que para los concejales de la oposición termina siendo poco serio, teniendo en cuenta que se oculta la grilla de empleados que tiene el Municipio.
Al día de hoy se desconoce qué cantidad de trabajadores pertenecen a la administración municipal. Y estiman que la mayoría de ellos, estaría en una situación de precariedad absoluta, y que buscarían blanquear un grupo para recobrar la confianza y el apoyo de los habitantes de cara a los comicios del año entrante.
Esta medida vendría a paliar el descontento que en estos días rige en la propia tropa. Es válido recordar que los salarios de trabajadores de Perugorría están retrasados y si bien paga a cuentagotas, la deuda crece. Desde agosto Lesieux no puede cumplir con la cuestión salarial, en una contradicción discursiva flagrante de su partido, el FPV, en el que sostienen que solo pagar sueldos no es un logro.
El despilfarro de los dineros públicos y los negociados a través de las obras públicas marcaron las características típicas de los 12 años del régimen kirchnerista. (La República)Miércoles, 21 de diciembre de 2016
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