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Jubilados propone que se paguen con prioridad los retroactivos de mayores de 80 
Con la intención de colaborar en la búsqueda de una solución para el pago de las acreencias que el Instituto de Previsión Social adeuda a jubilados y pensionados, el Centro de Jubilados presentó una propuesta al Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres.
La misma consiste en que a través de un Decreto del Poder Ejecutivo se disponga el pago gradual, dándose prioridad en la menor cantidad de cuotas posibles, a aquellas personas mayores de 80 años de edad y/o padezcan enfermedades graves o terminales constatadas por el equipo médico del IPS. Que el mismo se instrumente mediante convenios que prevean la opción de no seguir actualizando las planillas de liquidación o con quitas de dichos intereses.
Las acreencias se originan en las sentencias firmes de aproximadamente 5 mil juicios, de un total de 8 mil; contra el IPS y el Estado provincial por el incumplimiento del pago del 82% móvil que no se efectiviza debido la vigencia de las modificaciones a la Ley de Jubilaciones 4917 durante la última intervención federal mediante los Decretos 22/00 y 167/01. Ambas normas, desde hace años, son declaradas reiteradamente inconstitucionales por los tribunales locales.
El Estado se ampara para justificar la inobservancia a las órdenes de pago de los magistrados en la vigencia de la Ley de Inembargabilidad 5689/05. La aplicación de la misma en estos casos fue cuestionada judicialmente, ya que contraría el artículo 20 de la Constitución Provincial. Además su oposición como defensa ataca los principios fundamentales de Derechos Humanos, particularmente en desmedro de uno de los grupos sociales que gozan de protección especial, como son los ancianos. La aplicación irrazonable de una ley que otorga al Estado un privilegio especial, distinto al de cualquier otro deudor condenado que impide el embargo de sus bienes, no es absoluta ni ilimitada so pena de tornar ilusorio el goce de un derecho lesionado del que la justicia ordenó su reparación.
En la misiva enviada al titular de la cartera económica y suscrita por la Presidente de la Institución, Dra. María de las Mercedes Solis de Zambrano, refuta también la repetida acusación de ser “una usina generadora de juicios contra el Estado con la intención de desfinanciar al Instituto”. En este sentido aclaró que el Centro de Jubilados es patrocinante de manera gratuita solamente del 12% de los jubilados y pensionados con procesos de reajuste de haberes. El resto son llevados adelante por abogados y estudios jurídicos particulares.
El Centro de Jubilados, como representante acreditado de los pasivos, persigue la defensa de los intereses del sector. Su rol social excede el patrocinio letrado en casos particulares, es así que brega por las soluciones de fondo que pongan fin con el interminable derrotero de procesos administrativos y judiciales, para lo que debe reformarse la Ley de Jubilaciones.Lunes, 11 de abril de 2016
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